Para el desarrollo del presente texto se analizarán artículos de diarios del Ecuador, todos ellos enmarcados en la falsificación de documentos y uso de los mismos.
Referencia bibliográfica
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“Países reaccionan ante la falsificación de documentos”, señala el encabezado de un artículo escrito en diario El Tiempo. La noticia refiere acerca de un jugador de fútbol colombiano, Rinson López, quien se presume falsificó sus documentos de identificación para hacerse pasar como ciudadano ecuatoriano.
López, conocido en la esfera futbolística del Ecuador, habría pertenecido a varios clubes ecuatorianos antes de que el club El Nacional, que era “el único equipo ecuatoriano que no ha admitido extranjeros en toda su historia”, lo contrató creyendo que era ecuatoriano, sin conocer su verdadera nacionalidad culminando así con una tradición de 53 años.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol FEF sancionó al jugador tan solo con seis meses de suspensión por presentar documentación alterada, esto ya que el jugador pidió disculpas públicas por el hecho cometido y tal como lo menciona el diario El Telégrafo en su artículo “López y Moreno, sancionados; González y Araujo en investigaciones por falsificar documentos”, el futbolista colaboró con la investigación.
El deportista comentó que “había personas que me querían ayudar pero me ayudaron de la manera incorrecta. Me sacaron ese documento y ahora me doy cuenta de que podía nacionalizarme tranquilamente”.
Otro caso de falsificación de documentos es el recabado en el diario El Telégrafo en su artículo “Falsos certificados de salud eran comercializados de $ 5 a $ 7”. En este se menciona la detención de seis personas, que presuntamente se dedicaban a la falsificación de certificados médicos. Estos certificados eran comercializados en una de las paradas de autobús, en los Distritos Florida y Portete de la ciudad de Guayaquil. Irónicamente dicha parada se encontraba junto a la Unidad de Vigilancia Comunitaria del sector. Los presuntos falsarios se acercaban a personas, que detectaban no eran de la zona, y ofrecían los documentos en el caso de necesidad de faltar al trabajo o si los solicitaban para ingresar a laborar en alguna institución.
Tras un mes de investigación se pudo establecer el hecho y agentes realizaron allanamientos en tres domicilios, en los que se decomisaron certificados médicos con logos del Ministerio de Salud Pública, así como equipos y material para efectuar el delito: “tres máquinas de escribir, una máquina plastificadora, un arma tipo cartuchera doble cañón de fabricación nacional, ocho celulares de los cuales uno estaba reportado como robado, dos placas de metal antibala”.
El costo de venta de estos certificados falsos era de entre $5 y $7, otra ironía, ya que la documentación original es gratuita, claro está, siempre y cuando se haga la evaluación de la persona que requiera de dicho certificado.
Los detenidos quedaron con prisión preventiva, se les acusó de delito de asociación ilícita tipificado y se les sancionó con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Un tercer caso es el mencionado en el artículo “Hasta 7 años de cárcel para quienes inscribieron títulos falsos” del diario Metro escrito a inicios del 2016 y que refiere a la investigación suscitada sobre la inscripción de títulos falsos en la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Senescyt), investigación llevada a cabo desde octubre de 2015.
De acuerdo a declaraciones del director de dicha Secretaría, René Ramírez, se identificaron “ataques de hackers en octubre y descubrieron que había inscripciones de títulos irregulares”, luego de lo cual se contactaron con las universidades en las que se presentaban inconsistencias en 366 títulos.
Galo Chiriboga, fiscal de la Nación de ese entonces, acotó que existían dos consecuencias penales en este caso, por una lado, la falsificación y uso de documentos falsos y por otra, el ejercicio ilegal de la profesión, las cuales tienen una pena de 5 a 7 años de prisión y seis a un año de cárcel respectivamente.
Por último, en el diario El Tiempo se puede leer el artículo “Cae presunta red delictiva que operaba en la ANT”, el mismo que establece a grosso modo las intervenciones realizadas alrededor de varias provincias del Ecuador.
Dentro del operativo se realizaron 48 allanamientos, que dejaron 51 detenidos entre los que figuraban 25 funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de la Comisión de Tránsito del Ecuador, así como también 22 tramitadores y 4 policías en servicio activo.
César Navas, Ministro del Interior, anunció que, a través de una investigación efectuada a agentes de la Dirección General de Inteligencia DGI que duró seis meses, “se logró identificar a organizaciones que ofrecían servicios ilícitos como: aumento de frecuencias de transportes interprovinciales, obtención de licencias profesionales, cambio de categorías de licencias, recuperación de puntos en licencias de conducir, matriculación de vehículos y otros trámites para la obtención de documentos habilitantes en materia de tránsito.” Esta investigación, puso al descubierto que los involucrados en este acto delictivo obligaban a sus víctimas a pagar desde 125 hasta 30.000 dólares por cada trámite realizado.
En la página web de la policía del Ecuador, a diciembre de 2017, se establece que “los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente a fin de determinar su culpabilidad y las evidencias se encuentran bajo cadena de custodia; sin embargo, se continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos”.
Una vez analizados los presentes artículos se puede concluir, que existen diversos tipos de estafas a través de la falsificación de documentos y/o su uso, que afectan en más o en menos a una o varias personas. En ocasiones, esta falsificación o más bien el uso de estos documentos, tal vez no sea algo trascendental y también puede ser por falta de conocimiento de la persona que está llevando a cabo el delito, pero en el caso de las personas que realizan la falsificación y que además, forman parte de una organización delictiva, considero debe caerles todo el peso de la ley, ya que por un lado, lucran con su delito y por otro, involucran a otras personas a cometer una infracción que en ocasiones puede ser muy grave, como lo es, algo que frecuentemente ocurre en el país: funcionarios públicos otorgando documentos a personas incompetentes, como por ejemplo, individuos que obtienen licencia de conducir para buses cuando no cumplen con el necesario perfil ni profesional, ni psicológico y acontecen continuamente hechos lamentables en las vías.
En el caso del futbolista, se cometió alteración de la documentación de identificación; en el de los certificados de salud, alteración y suposición; en el de los títulos falsos, alteración y/o simulación; y en el de la red delictiva de falsificación de documentos de la Agencia Nacional de Tránsito, alteración y suposición.
28 de enero de 2018
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