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El historiador Guillermo Bustos en su artículo “Pasado y presente de los archivos históricos en Ecuador”, publicado en la revista Procesos, hace una reseña de estos bienes documentales a través del tiempo y comenta cómo la falta de políticas públicas ha mermado su conservación.
Bustos nos dice que: “Desde que los países latinoamericanos iniciaron su vida como Estados independientes surgió la necesidad de organizar la información relativa a la administración pública” y que en el Ecuador, a partir del año 1938, se “dio curso a la efectiva organización de su archivo nacional”; acota además que Rafael Euclides, primer paleógrafo del archivo, “reconocía con crudeza (que los) ‘[…] archivos coloniales y republicanos han permanecido arrumados en húmedos sótanos […]’’, denotando con ello la falta de interés por parte del Estado ecuatoriano en la conservación de los acervos documentales.
Según el autor, la puesta en valor de los archivos públicos en el Ecuador es tardía en comparación con otros países latinoamericanos, lo que generó un grave problema que acrecentó con el tiempo. Ya en los siglos XIX y XX existía una preocupación por parte de “intelectuales de todas las tendencias ideológicas” y de personajes ilustres, quienes promulgaron su malestar frente al descuido por parte del Estado en temas referentes a la constitución de los archivos públicos.
En su artículo, Bustos comenta que desde la creación del Archivo Nacional, este supo tomar las medidas respectivas para dar cumplimiento a su labor de: recopilar, organizar y preservar los documentos públicos que acogía; pero argumenta que también tuvo falencias entre otras cosas, al no proyectar su espacio físico donde archivar los documentos públicos que a diario se generaban y que se continúan generando. Además nos dice que la “indiferencia estatal hacia este sector (el de archivos), la falta de recursos económicos, inobservancia del Consejo Nacional de Archivos de sus responsabilidades, (un) bajo nivel de preparación técnica en el personal […]” generó una carencia de políticas que rijan el manejo de los archivos en el país. Por otro lado, Bustos señala que existieron instituciones tanto públicas como privadas que se plantearon la tarea de recuperar y conservar los archivos públicos.
Finalmente, el autor nos dice que “la inexistencia de una política pública sobre el manejo de patrimonio documental, el fracaso del Consejo Nacional de Archivos en cumplir sus responsabilidades, la falta de conocimiento y estima que la sociedad y el aparato educativo tienen sobre los repositorios de la memoria”, han producido una inoperancia por parte del Estado en la conservación de los archivos documentales.
De acuerdo a lo expuesto por el autor, es necesario que exista una política pública que norme el manejo y conservación de los bienes documentales. Actualmente el patrimonio documental ecuatoriano está en riesgo; sino se corrige las falencias, gran parte de la memoria del país se puede perder. La labor de crear políticas es una responsabilidad de todos los ecuatorianos, tanto de los profesionales de ramas afines a la archivología, como del público en general que acude a estos recintos con la finalidad de investigar acerca de la historia del país.
2013
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